A 11 años de haber iniciado el proceso de integración con los países vecinos del Norte bajo el North America Free Trade Agreement, (NAFTA) o Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) nos encontramos en la disyuntiva de definir cuál es el siguiente paso a dar en la relación económica con Estados Unidos y Canadá. Un camino natural a seguir sería ampliar el horizonte del acuerdo a un grado mayor de integración que correspondería a una Unión Aduanera, pero ello tiene muchas implicaciones. A continuación se plantean y argumentan las más importantes.
Plataforma de integración
Existe una corriente favorable al regionalismo económico como plataforma para pasar —siguiendo la secuencia europea— a niveles más elevados de integración política, social y cultural y, con esto, limar las aristas del neoliberalismo.
Sin embargo, algunos sectores rechazan todavía en nuestros días el regionalismo meramente económico en la medida en que no garantiza este pasaje al no dejar de ser una construcción basada principalmente en aspectos mercantiles y financieros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), describe al regionalismo como un proceso derivado de la creciente interdependencia de los países de la región e impulsado tanto por acuerdos intergubernamentales específicos como por las fuerzas de los mercados.
En esencia, la apertura comercial obliga a los países a reeducar su estructura productiva en función de las corrientes comerciales. Esto les permite aprovechar las ventajas estáticas de la reasignación de recursos a usos más eficientes y proporcionar los medios para incrementar la productividad de los factores por el acceso a tecnologías avanzadas e insumos de mejor calidad y menor costo. La apertura regional ofrece la ventaja de dar acceso preferencial a mercados dinámicos. Las empresas de los países miembros pueden verse beneficiadas por economías de escala y por la adquisición de experiencia en el campo de las exportaciones en condiciones competitivas menos duras de las que podrían haberse dado en ausencia de este fenómeno.
NAFTA ha sido un proceso de integración para crear una zona de libre comercio, un área formada por dos o más países que de manera inmediata o paulatina suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre sí, manteniendo cada una frente a terceros su propio arancel de aduanas y su particular régimen de comercio.
El artículo XXIV, apartado 8b del GATT expresa que “se entenderá por zona de libre comercio a un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.
En ese sentido, la zona de libre comercio permite excepciones cuantitativas (al limitar la liberación a lo esencial del intercambio, entendiéndose que no debe ser inferior al 80 por ciento del intercambio real) y cualitativas (al restringir esa liberación a los productos originarios).
Una limitación cuantitativa surge del hecho de que cada estado mantiene su política comercial frente a terceros países, de modo que las mercancías originarias de sus territorios podrían motivar desviaciones comerciales al ingresar a la zona por el estado gravado más bajo para su reenvío a los demás. Para el control respectivo, las partes deben definir qué consideran producto originario y luego concertar un mecanismo de certificados de origen para su presentación en aduanas. El principal problema radica en la admisibilidad de insumos provenientes de terceros mercados, en los productos considerados como originarios de la zona. En general, se admite como máximo hasta el 50 por ciento de insumos extrazonales.
La cláusula de la nación más favorecida rige dentro de la zona, de modo que cualquier ventaja, privilegio o favor vale para todos. Las excepciones deben ser consentidas.
¿Qué es la unión aduanera?
Por otro lado, una unión aduanera es un salto cualitativo en el proceso de integración económica que consiste en crear entre los miembros un territorio aduanero común, ello significa la libre movilidad de todos los bienes independientemente de su origen, dando como resultado la eliminación de las aduanas entre los estados participantes.
El GATT define a la unión aduanera como la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo, de manera que los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios, además de que cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no están comprendidos en ella iguales derechos de aduana y reglamentaciones. En forma más puntual, la unión aduanera se plantea bajo el concepto de constituir un espacio aduanal entre los países con las siguientes características:
1. Libre movilidad de bienes sin excepciones, independientemente del origen de los mismos, una vez internados en cualquier país miembro.
2. Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados al comercio de bienes.
3. Igual arancel externo.
4. Administración aduanera común.
5. Mecanismo de recaudación, administración y distribución de los ingresos tributarios.
6. Política comercial externa común.
7. Normativa comercial uniforme. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros, por lo que obligan a establecer algunos compromisos políticos básicos. Las uniones aduaneras, en la práctica, no se producen sino progresivamente: los miembros de la misma van incorporando bienes y servicios a ciertas listas que se comprometen a ampliar a intervalos regulares, hasta que se consuma la unión. El ejemplo más conocido de esta figura comercial la constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común, dentro del cual existe otro convenio aduanero, el BENELUX, formado por Bélgica, los Países Bajos (Holanda) y Luxemburgo.
Una unión aduanera crea y desvía comercio a la vez. Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su territorio, pues al eliminar las restricciones al intercambio genera oportunidades para una más eficiente asignación de recursos. En este sentido todos los países miembros resultan favorecidos. Pero, por otra parte, cambia la demanda de las importaciones de países extranjeros por productos de mayor costo de las naciones miembros, que pueden superar a los competidores de los países fuera de la unión por el arancel común establecido entre las partes.
La creación de comercio será mayor cuanto más diferentes sean las economías de los países que la integran y, por lo tanto, menor la competencia entre ellos. Las ventajas de una unión aduanera se incrementan cuanto mayor es el número de las naciones que la conforman; las desventajas están en directa relación con el nivel de protección que la unión establezca hacia afuera.
Si establecemos libertad de comercio sin barreras arancelarias ni cuantitativas dentro de la unión, inmediatamente aparecen problemas derivados de la existencia de diferentes sistemas monetarios, fiscales, de transporte, etcétera. Esto quiere decir que, cuando la unión aduanera se consolida efectivamente, desemboca en la unión económica.
La unión aduanera y la unión económica son, por lo tanto el preámbulo para la consolidación de un mercado común entre dos o más economías nacionales. La puesta en marcha de una unión aduanera, desde un punto de vista jurídico, exige la configuración de una legislación uniforme en esta materia.
Consecuentemente, la instauración de un arancel común es una condición para su efectividad, estando llamado a aplicarse exclusivamente a los productos procedentes de países terceros.
La aplicación de tarifas uniformes a productos de naciones que no forman parte de la unión aduanera requiere la resolución y clarificación, con carácter previo, de las reglas relativas al valor en aduana de esos productos.
La esencia del arancel común y de su efectividad pasa por el compromiso común de los estados miembros de no fijar unilateralmente tasas aduaneras o intervenir en esta materia que, a partir de ese momento, exige su tratamiento en el espacio institucional supranacional habilitado entre los países firmantes. Del mismo modo, los estados miembros habrán de abstenerse de utilizar instrumentos fiscales similares a derechos aduaneros que, recayendo sobre las mercancías y productos llegados de un país tercero, pudieran distorsionar el arancel común, así como la eficacia y coherencia de la unión aduanera.
Con datos aproximados al cierre de 2004, podemos afirmar que cerca del 90 por ciento de nuestras exportaciones se dirigen a nuestros vecinos del norte y que solo el 65 por ciento de las importaciones proviene de ellos, lo que resulta en una balanza comercial favorable a México. Sin embargo, existe aún una enorme diferencia entre los aranceles que en forma individual nuestro país aplica a terceros países (aquellos con los que no tenemos ningún tipo de acuerdo).
En la práctica, poner en marcha un proceso adicional de integración con nuestros vecinos, implicaría en principio la voluntad de las partes para dar un paso adicional, además, sería forzosamente necesario bajar nuestros aranceles de entrada a los mismos niveles de Canadá y Estados Unidos, ya que definitivamente sería muy difícil que ellos subieran sus aranceles haciendo prevalecer el nivel arancelario mexicano para las tres economías.
El dar un paso más en el proceso de apertura comercial y neoliberalismo que vivimos debe ser analizado meticulosamente y medir el impacto a nivel sectorial, ya que tenemos sectores industriales como el electrónico que por medio de tratamientos particulares como lo son el decreto de ITA Plus, o bien, el Programa de promoción sectorial vigente, promueven un paso más hacia la integración. Sin embargo otros sectores como el textil o el del calzado seguramente no verían con buenos ojos esta idea, ya que los aranceles del 35 por ciento que aplican ofrecen un buen nivel de protección para muchos de sus productos.
Perfeccionar los mercados
Finalmente, la evolución de NAFTA nos obliga forzosamente a pensar en el perfeccionamiento de un mercado regional integrado y la manutención de una protección moderada con respecto a terceros; la creación y fomento de mayores flujos de comercio e inversión intrarregionales; mayor liberalización de los servicios; normas comunes sobre salvaguardas, derechos compensatorios y mecanismos de solución de controversias de acuerdo con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC); así como la facilitación del intercambio a través de obras de infraestructura y la adopción de normas técnicas comunes. Hay que subrayar la imperiosa necesidad de una voluntad política de las partes y la convicción de que los beneficios que pueden suponer los espacios de integración llevarán a nuestro país a un mayor nivel de bienestar.
La Unión Europea, en este sentido, es ejemplo claro de los beneficios potenciales de un proceso de integración orientado primero a lo económico con la liberalización de los flujos de comercio y de capital, que luego se extendieron progresivamente a un proceso de integración política con la liberalización de los flujos de población, una exitosa unión monetaria y ahora la generación de una constitución política que los lleva a consolidarse como una nueva federación que ha logrado superar las asimetrías originalmente existentes entre las partes independientes.
¿Cuáles son los siguientes pasos que nuestro gobierno debe dar para hacer que la liberación económica a la que hemos sometido al país y a su población nos permita competir cabalmente en los mercados internacionales y sea más beneficiosa para la población? Cuáles deben ser los ajustes a la política comercial externa que incrementen nuestra competitividad? ¿Cuál es el siguiente paso bajo el marco de NAFTA?
¿Qué estrategia se debe seguir para que las empresas mexicanas participen cada vez más del mercado internacional y se conviertan en transnacionales?
Existe una corriente favorable al regionalismo económico como plataforma para pasar —siguiendo la secuencia europea— a niveles más elevados de integración política, social y cultural y, con esto, limar las aristas del neoliberalismo.
Sin embargo, algunos sectores rechazan todavía en nuestros días el regionalismo meramente económico en la medida en que no garantiza este pasaje al no dejar de ser una construcción basada principalmente en aspectos mercantiles y financieros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), describe al regionalismo como un proceso derivado de la creciente interdependencia de los países de la región e impulsado tanto por acuerdos intergubernamentales específicos como por las fuerzas de los mercados.
En esencia, la apertura comercial obliga a los países a reeducar su estructura productiva en función de las corrientes comerciales. Esto les permite aprovechar las ventajas estáticas de la reasignación de recursos a usos más eficientes y proporcionar los medios para incrementar la productividad de los factores por el acceso a tecnologías avanzadas e insumos de mejor calidad y menor costo. La apertura regional ofrece la ventaja de dar acceso preferencial a mercados dinámicos. Las empresas de los países miembros pueden verse beneficiadas por economías de escala y por la adquisición de experiencia en el campo de las exportaciones en condiciones competitivas menos duras de las que podrían haberse dado en ausencia de este fenómeno.
NAFTA ha sido un proceso de integración para crear una zona de libre comercio, un área formada por dos o más países que de manera inmediata o paulatina suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre sí, manteniendo cada una frente a terceros su propio arancel de aduanas y su particular régimen de comercio.
El artículo XXIV, apartado 8b del GATT expresa que “se entenderá por zona de libre comercio a un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.
En ese sentido, la zona de libre comercio permite excepciones cuantitativas (al limitar la liberación a lo esencial del intercambio, entendiéndose que no debe ser inferior al 80 por ciento del intercambio real) y cualitativas (al restringir esa liberación a los productos originarios).
Una limitación cuantitativa surge del hecho de que cada estado mantiene su política comercial frente a terceros países, de modo que las mercancías originarias de sus territorios podrían motivar desviaciones comerciales al ingresar a la zona por el estado gravado más bajo para su reenvío a los demás. Para el control respectivo, las partes deben definir qué consideran producto originario y luego concertar un mecanismo de certificados de origen para su presentación en aduanas. El principal problema radica en la admisibilidad de insumos provenientes de terceros mercados, en los productos considerados como originarios de la zona. En general, se admite como máximo hasta el 50 por ciento de insumos extrazonales.
La cláusula de la nación más favorecida rige dentro de la zona, de modo que cualquier ventaja, privilegio o favor vale para todos. Las excepciones deben ser consentidas.
¿Qué es la unión aduanera?
Por otro lado, una unión aduanera es un salto cualitativo en el proceso de integración económica que consiste en crear entre los miembros un territorio aduanero común, ello significa la libre movilidad de todos los bienes independientemente de su origen, dando como resultado la eliminación de las aduanas entre los estados participantes.
El GATT define a la unión aduanera como la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo, de manera que los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios, además de que cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no están comprendidos en ella iguales derechos de aduana y reglamentaciones. En forma más puntual, la unión aduanera se plantea bajo el concepto de constituir un espacio aduanal entre los países con las siguientes características:
1. Libre movilidad de bienes sin excepciones, independientemente del origen de los mismos, una vez internados en cualquier país miembro.
2. Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados al comercio de bienes.
3. Igual arancel externo.
4. Administración aduanera común.
5. Mecanismo de recaudación, administración y distribución de los ingresos tributarios.
6. Política comercial externa común.
7. Normativa comercial uniforme. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros, por lo que obligan a establecer algunos compromisos políticos básicos. Las uniones aduaneras, en la práctica, no se producen sino progresivamente: los miembros de la misma van incorporando bienes y servicios a ciertas listas que se comprometen a ampliar a intervalos regulares, hasta que se consuma la unión. El ejemplo más conocido de esta figura comercial la constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común, dentro del cual existe otro convenio aduanero, el BENELUX, formado por Bélgica, los Países Bajos (Holanda) y Luxemburgo.
Una unión aduanera crea y desvía comercio a la vez. Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su territorio, pues al eliminar las restricciones al intercambio genera oportunidades para una más eficiente asignación de recursos. En este sentido todos los países miembros resultan favorecidos. Pero, por otra parte, cambia la demanda de las importaciones de países extranjeros por productos de mayor costo de las naciones miembros, que pueden superar a los competidores de los países fuera de la unión por el arancel común establecido entre las partes.
La creación de comercio será mayor cuanto más diferentes sean las economías de los países que la integran y, por lo tanto, menor la competencia entre ellos. Las ventajas de una unión aduanera se incrementan cuanto mayor es el número de las naciones que la conforman; las desventajas están en directa relación con el nivel de protección que la unión establezca hacia afuera.
Si establecemos libertad de comercio sin barreras arancelarias ni cuantitativas dentro de la unión, inmediatamente aparecen problemas derivados de la existencia de diferentes sistemas monetarios, fiscales, de transporte, etcétera. Esto quiere decir que, cuando la unión aduanera se consolida efectivamente, desemboca en la unión económica.
La unión aduanera y la unión económica son, por lo tanto el preámbulo para la consolidación de un mercado común entre dos o más economías nacionales. La puesta en marcha de una unión aduanera, desde un punto de vista jurídico, exige la configuración de una legislación uniforme en esta materia.
Consecuentemente, la instauración de un arancel común es una condición para su efectividad, estando llamado a aplicarse exclusivamente a los productos procedentes de países terceros.
La aplicación de tarifas uniformes a productos de naciones que no forman parte de la unión aduanera requiere la resolución y clarificación, con carácter previo, de las reglas relativas al valor en aduana de esos productos.
La esencia del arancel común y de su efectividad pasa por el compromiso común de los estados miembros de no fijar unilateralmente tasas aduaneras o intervenir en esta materia que, a partir de ese momento, exige su tratamiento en el espacio institucional supranacional habilitado entre los países firmantes. Del mismo modo, los estados miembros habrán de abstenerse de utilizar instrumentos fiscales similares a derechos aduaneros que, recayendo sobre las mercancías y productos llegados de un país tercero, pudieran distorsionar el arancel común, así como la eficacia y coherencia de la unión aduanera.
Con datos aproximados al cierre de 2004, podemos afirmar que cerca del 90 por ciento de nuestras exportaciones se dirigen a nuestros vecinos del norte y que solo el 65 por ciento de las importaciones proviene de ellos, lo que resulta en una balanza comercial favorable a México. Sin embargo, existe aún una enorme diferencia entre los aranceles que en forma individual nuestro país aplica a terceros países (aquellos con los que no tenemos ningún tipo de acuerdo).
En la práctica, poner en marcha un proceso adicional de integración con nuestros vecinos, implicaría en principio la voluntad de las partes para dar un paso adicional, además, sería forzosamente necesario bajar nuestros aranceles de entrada a los mismos niveles de Canadá y Estados Unidos, ya que definitivamente sería muy difícil que ellos subieran sus aranceles haciendo prevalecer el nivel arancelario mexicano para las tres economías.
El dar un paso más en el proceso de apertura comercial y neoliberalismo que vivimos debe ser analizado meticulosamente y medir el impacto a nivel sectorial, ya que tenemos sectores industriales como el electrónico que por medio de tratamientos particulares como lo son el decreto de ITA Plus, o bien, el Programa de promoción sectorial vigente, promueven un paso más hacia la integración. Sin embargo otros sectores como el textil o el del calzado seguramente no verían con buenos ojos esta idea, ya que los aranceles del 35 por ciento que aplican ofrecen un buen nivel de protección para muchos de sus productos.
Perfeccionar los mercados
Finalmente, la evolución de NAFTA nos obliga forzosamente a pensar en el perfeccionamiento de un mercado regional integrado y la manutención de una protección moderada con respecto a terceros; la creación y fomento de mayores flujos de comercio e inversión intrarregionales; mayor liberalización de los servicios; normas comunes sobre salvaguardas, derechos compensatorios y mecanismos de solución de controversias de acuerdo con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC); así como la facilitación del intercambio a través de obras de infraestructura y la adopción de normas técnicas comunes. Hay que subrayar la imperiosa necesidad de una voluntad política de las partes y la convicción de que los beneficios que pueden suponer los espacios de integración llevarán a nuestro país a un mayor nivel de bienestar.
La Unión Europea, en este sentido, es ejemplo claro de los beneficios potenciales de un proceso de integración orientado primero a lo económico con la liberalización de los flujos de comercio y de capital, que luego se extendieron progresivamente a un proceso de integración política con la liberalización de los flujos de población, una exitosa unión monetaria y ahora la generación de una constitución política que los lleva a consolidarse como una nueva federación que ha logrado superar las asimetrías originalmente existentes entre las partes independientes.
¿Cuáles son los siguientes pasos que nuestro gobierno debe dar para hacer que la liberación económica a la que hemos sometido al país y a su población nos permita competir cabalmente en los mercados internacionales y sea más beneficiosa para la población? Cuáles deben ser los ajustes a la política comercial externa que incrementen nuestra competitividad? ¿Cuál es el siguiente paso bajo el marco de NAFTA?
¿Qué estrategia se debe seguir para que las empresas mexicanas participen cada vez más del mercado internacional y se conviertan en transnacionales?
Natali Cardenas
No hay comentarios:
Publicar un comentario